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Hacienda desmiente cambios para usuarios de Bizum y limita las nuevas exigencias a empresas y autónomos

Actualidad Economía / Empresa

El Ministerio de Hacienda ha salido al paso de las informaciones difundidas recientemente sobre un supuesto control de los pagos realizados por particulares a través de Bizum. Según ha aclarado el departamento, las nuevas obligaciones informativas vinculadas a las transferencias instantáneas no tendrán ningún efecto sobre los ciudadanos, sino que se circunscriben exclusivamente a los ingresos obtenidos por empresarios y profesionales en España.

A través de una nota oficial, Hacienda ha señalado que parte de las noticias publicadas contienen “interpretaciones erróneas” al sugerir que estas medidas afectarían a los usuarios particulares. La aclaración llega tras la aprobación de una modificación normativa que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

La nueva obligación no recae sobre los contribuyentes, sino sobre las entidades financieras. A partir de febrero de 2026, serán los bancos quienes deban remitir mensualmente a la Agencia Tributaria información agregada sobre los cobros efectuados mediante Bizum —u otros sistemas similares— por parte de empresarios y profesionales.

En concreto, las entidades deberán comunicar la identificación completa de los negocios o profesionales que utilicen Bizum como medio de cobro, el número de comercios asociados, los terminales de venta utilizados, el volumen total facturado cada mes a través de este sistema y las cuentas bancarias o de pago vinculadas a dichos ingresos.

Hacienda subraya que no se informará de cada operación individual, sino que los datos se enviarán de forma acumulada por periodos mensuales. De este modo, se refuerza el control fiscal sobre la actividad económica sin afectar al uso personal de Bizum entre particulares.

El Ministerio recuerda, además, que esta modificación fue aprobada en abril de 2025 y que desde entonces se ha mantenido un diálogo constante con las entidades financieras, así como una labor informativa por parte de la Agencia Tributaria para aclarar que el alcance de la medida es limitado y no supone nuevas obligaciones para los ciudadanos.

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