El Gobierno y las organizaciones sindicales UGT y CSIF —a la espera de la decisión final de CCOO— han alcanzado un acuerdo plurianual que contempla un incremento retributivo del 11% para los más de tres millones de empleados públicos entre 2025 y 2028. Según fuentes sindicales, la subida se repartirá en un 2,5% correspondiente a 2025; un 1,5% fijo para 2026, junto con un 0,5% adicional condicionado a la evolución del IPC; un aumento del 4,5% en 2027 y un 2% en 2028
El incremento del 2,5% previsto para este año se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero y se abonará en diciembre. En 2026, la revisión salarial incluirá la parte fija del 1,5% y podría sumar medio punto más si la inflación anual alcanza o supera dicho porcentaje. De cumplirse esa condición, el tramo variable se abonaría en el primer trimestre de 2027, también con retroactividad. Este será el único año con un componente variable, ya que el resto de incrementos serán completamente fijos.
Pese a que el acuerdo establece una subida total del 11% para el periodo completo, los sindicatos calculan que, por el efecto acumulado de los incrementos anuales, la mejora real en las nóminas rondará el 11,5%.
Además del aspecto salarial, el pacto incorpora diversas mejoras organizativas y laborales, como la eliminación de la tasa de reposición, la aceleración de los procesos selectivos y el refuerzo de los equipos destinados a la atención ciudadana.
El entendimiento se ha producido tras una nueva reunión entre la Secretaría de Estado de Función Pública, dirigida por Consuelo Sánchez Naranjo, y los representantes de CCOO, UGT y CSIF, centrada en definir un marco estable de aumentos salariales y condiciones laborales para los próximos cuatro años.
Desde CSIF valoran que se trata del mejor acuerdo posible en el actual contexto político y económico. El sindicato destaca que permite poner fin a la congelación salarial de este año y recuperar parte del poder adquisitivo perdido, estimado en un 2,9%.
La organización presidida por Miguel Borra subraya que la firma del pacto responde a un ejercicio de responsabilidad ante las limitaciones presupuestarias y el escenario internacional, marcado por mayores exigencias de gasto en defensa en el ámbito europeo y atlántico.
El documento incluye también la creación de una comisión de seguimiento que deberá constituirse en un plazo máximo de 15 días para garantizar que todas las medidas acordadas se apliquen correctamente. CSIF recalca que el pacto no supone un “cheque en blanco” y que se reserva la posibilidad de activar las acciones necesarias para asegurar su cumplimiento.
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