El Vaticano ha iniciado una investigación canónica contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy, de 76 años, acusado de abusar sexualmente de un menor de forma continuada durante los años noventa, cuando era sacerdote en la diócesis de Getafe y dirigía su seminario mayor.
La denuncia fue enviada este verano al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, órgano encargado de los casos de pederastia en la Iglesia, que ha ordenado la apertura de las diligencias. Se trata del primer caso conocido en España en el que un obispo en activo es investigado por un presunto delito de este tipo.
La denuncia
El denunciante, que ha relatado los hechos en una carta a la Santa Sede, asegura que sufrió abusos desde los 14 hasta los 21 años. Según su testimonio, los ataques comenzaron en 1994, cuando Zornoza tenía 45 años y dirigía el seminario mayor de Getafe, una diócesis creada pocos años antes tras la reestructuración del arzobispado de Madrid.
El hombre describe que los abusos se producían durante las noches en el seminario y en convivencias organizadas por la institución: “Venía a mi habitación, se metía en mi cama, me acariciaba y me besaba”, relata en el documento. Asegura que, paralizado por el miedo, no fue capaz de denunciarlo en aquel momento.
El denunciante añade que, al alcanzar la mayoría de edad, ingresó en el seminario bajo la dirección de Zornoza y que este le sometió a terapias de conversión con el pretexto de “curar su homosexualidad”. Durante esos años, el sacerdote habría continuado las agresiones con frecuencia. “Cuando le pedía que parara, decía que era una amistad íntima”, señala la víctima.
Según su relato, Zornoza ejercía un fuerte control sobre él y lo manipulaba emocionalmente. “Sabía todo de mí y yo confiaba plenamente en él”, explica en su escrito. Con el paso del tiempo, y gracias a la terapia psicológica, afirma haber comprendido que fue víctima de abuso y manipulación espiritual.
El denunciante asegura que, años después, escribió un correo al obispo reconociendo lo ocurrido sin obtener respuesta. Este año, ambos se reunieron en persona y, según su versión, Zornoza admitió la manipulación y los abusos, aunque afirmó que “nunca fue su intención”.
El proceso canónico
Las normas eclesiásticas establecen que, cuando un obispo es denunciado por pederastia, la investigación corresponde al arzobispo metropolitano de la provincia eclesiástica a la que pertenece su diócesis. En este caso, el encargado es el arzobispo de Sevilla, ya que la diócesis de Cádiz depende de esa provincia.
El procedimiento canónico incluye la toma de declaración del acusado, la víctima y posibles testigos. Una vez concluida la investigación previa, el informe se remite al Vaticano, que decidirá si procede abrir un juicio eclesiástico.
EL PAÍS intentó sin éxito contactar con el obispo Zornoza y con la oficina de comunicación de la diócesis de Cádiz y Ceuta para recabar su versión.
Trayectoria del obispo
Rafael Zornoza nació en Madrid en 1949 y fue ordenado sacerdote en 1975. Desempeñó diversos cargos en la archidiócesis madrileña antes de incorporarse a la nueva diócesis de Getafe, donde fue secretario del primer obispo y, posteriormente, director del seminario.
En 2005 fue nombrado obispo auxiliar de Getafe y en 2011 el papa Benedicto XVI lo designó obispo de Cádiz y Ceuta. En la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha sido presidente de la Comisión del Clero y forma parte de la Comisión de Misiones y Cooperación con las Iglesias.
A pesar de la denuncia, el prelado continúa con su actividad habitual: ha seguido celebrando misas y confirmaciones, y se espera su participación en la próxima asamblea plenaria de los obispos en Madrid.
Falta de transparencia en la diócesis de Cádiz
La diócesis que dirige Zornoza figura entre las más opacas de España en la gestión de casos de abusos. Según una auditoría interna de la CEE de 2023, Cádiz había recibido cuatro denuncias de pederastia, a las que el Defensor del Pueblo sumó una más, lo que eleva a cinco los casos registrados y a 19 las víctimas.
En dos de esos casos, los abusos no estaban prescritos y las víctimas eran menores, pero el obispado no los comunicó a las autoridades, alegando que los afectados no quisieron hacerlo. Tres de las denuncias fueron consideradas probadas por la Iglesia, y los responsables fueron expulsados del sacerdocio. El obispado ofreció apoyo psicológico a las víctimas, con un coste total superior a 60.000 euros.
El problema del encubrimiento
Este nuevo caso se suma a los 1.568 clérigos y 2.954 víctimas documentadas por la base de datos de EL PAÍS, ante la ausencia de cifras oficiales. En esa investigación figuran 61 prelados acusados de encubrir abusos, entre ellos el propio Zornoza, señalado por no haber comunicado a la justicia dos denuncias recibidas en 2010 contra dos sacerdotes que abusaron de al menos 16 menores.
El encubrimiento ha sido uno de los elementos estructurales del escándalo de pederastia en la Iglesia. Aunque el papa Francisco reformó las normas canónicas en 2019 para endurecer las sanciones, la jerarquía eclesial española sigue resistiéndose a una rendición de cuentas pública.
La CEE ha rechazado el plan del Gobierno para crear un fondo conjunto de reparación y un organismo independiente que investigue los casos. En su lugar, puso en marcha el programa PRIVA, que apenas ha reparado a un 2% de las víctimas reconocidas.
Tampoco el Ejecutivo ha cumplido su promesa de declarar imprescriptibles estos delitos por la vía civil ni de celebrar un acto público de reconocimiento, comprometido por el presidente Pedro Sánchez durante su investidura en 2023.
Las asociaciones de víctimas, cansadas de la inacción institucional, se reunirán este martes con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para exigir una respuesta efectiva y una reparación conjunta por parte del Estado y la Iglesia.
