El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley que establece la prohibición estricta de acceso a redes sociales para menores de 16 años en todo el territorio nacional. La medida, que busca combatir la crisis de salud mental y el ciberacoso, sitúa a España a la vanguardia de la regulación digital en Europa, elevando la edad mínima de consentimiento que hasta ahora estaba fijada en los 14 años.
Un sistema de verificación «blindado»
La gran novedad de esta ley no es solo el límite de edad, sino el mecanismo para hacerlo cumplir. El Ejecutivo obligará a las grandes plataformas tecnológicas (como TikTok, Instagram o X) a implementar un sistema de verificación de identidad robusto basado en el DNI electrónico o sistemas biométricos vinculados a la cartera digital de la Administración.
Con esta medida, ya no bastará con marcar una casilla de «mayor de edad». Las empresas que no garanticen la exclusión de menores de 16 años se enfrentarán a sanciones económicas masivas que podrían alcanzar el 4% de su facturación global anual.
Los motivos de la «desconexión» forzosa
El Ministerio de Juventud e Infancia ha justificado esta intervención estatal basándose en tres pilares críticos:
- Salud Mental: Los informes médicos vinculan el uso excesivo de algoritmos con el aumento de casos de ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes.
- Seguridad: Se busca erradicar el acceso de los menores a contenidos pornográficos, juegos de azar y discursos de odio.
- Rendimiento académico: Los datos apuntan a una correlación directa entre el abuso de pantallas y el descenso de la capacidad de concentración en la etapa de educación secundaria.
Reacciones y periodo de adaptación
La ley contempla un periodo de transición de seis meses para que las operadoras y redes sociales adapten sus interfaces. Mientras que las asociaciones de padres y madres han recibido la noticia con alivio, diversos colectivos de internautas y expertos en tecnología han expresado dudas sobre la privacidad de los datos biométricos que se recogerán para validar la edad.
Por su parte, las grandes tecnológicas ya han anunciado que estudiarán el texto legal, advirtiendo de la dificultad técnica de aplicar legislaciones nacionales a plataformas de carácter global.
