La Comisión Europea ha presentado un plan para suspender parcialmente el Acuerdo de Asociación con Israel, lo que implicará la reintroducción de aranceles y la paralización de ciertos fondos comunitarios. Sin embargo, Bruselas subraya que estas medidas no supondrán la ruptura de las relaciones comerciales. La propuesta deberá contar con el respaldo de una mayoría cualificada de los 27 Estados miembros para entrar en vigor.
El paquete responde a la crisis humanitaria en Gaza, calificada de “inaceptable” por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Fin a las ventajas comerciales
El plan contempla retirar todas las condiciones preferenciales en el intercambio de bienes y servicios, la competencia y la contratación pública. Según cálculos de la Comisión, esta suspensión afectará a alrededor del 37% de las exportaciones israelíes a la UE, lo que equivale a unos 5.800 millones de euros.
Además, las empresas israelíes tendrían que abonar hasta 227 millones adicionales en derechos de aduana anuales si el volumen de comercio se mantiene.
Sanciones personales y sectoriales
La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, planteó sancionar a los ministros israelíes Bezalel Smotrich (Finanzas) e Itamar Ben Gvir (Seguridad Nacional), considerados figuras clave de la ultraderecha del Gobierno de Netanyahu. Ambos serían objeto de congelación de activos, prohibición de viaje a territorio comunitario y restricciones financieras.
El paquete también incluye sanciones contra colonos israelíes implicados en actos violentos y contra una decena de dirigentes de Hamás en Gaza, Cisjordania y terceros países. Estas medidas requieren unanimidad entre los Estados miembros.
Bloqueo de la financiación bilateral
Bruselas suspenderá de forma temporal los fondos bilaterales previstos para Israel en 2025, unos 6 millones de euros aún pendientes de aprobación, además de congelar contratos individuales de proyectos en marcha por un valor de 14,14 millones de euros correspondientes al período 2020-2024.
En este caso, la decisión puede ser aplicada directamente por la Comisión sin necesidad del visto bueno de los Estados.
Tensiones con Israel
La víspera de la propuesta, el Ejecutivo israelí acusó a Von der Leyen de actuar de “mala fe” y de eludir las normas del propio acuerdo de asociación, alegando que no se había consultado con Israel antes de plantear las medidas.
Desde Bruselas defienden que el procedimiento se ajusta a las reglas y que se notificará formalmente a Israel una vez que los Estados miembros respalden la propuesta. La Comisión insiste en que se mantiene abierto el canal de diálogo mientras avanza el proceso de adopción de sanciones.
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