El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido que la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, pase al procedimiento de jurado popular por un presunto delito de malversación en relación con el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
En un auto judicial, el instructor cita a Gómez, a su asesora y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el próximo sábado a las 18:00 horas para comunicarles la transformación de las diligencias en este tipo de procedimiento, previsto por ley en determinados delitos. La resolución, no obstante, puede ser recurrida.
El juez aún no ha dictado auto de apertura de juicio oral, paso previo para enviar a los acusados a juicio, y la causa permanece pendiente de varios recursos que debe resolver la Audiencia Provincial de Madrid.
La pieza separada por malversación
La decisión se enmarca en la pieza separada donde se investiga si en la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa se produjo un uso indebido de recursos públicos y si desempeñó funciones privadas en beneficio de Gómez.
Según el juez, de las declaraciones de los investigados, de varios testigos —entre ellos el ministro Félix Bolaños— y de correos electrónicos incorporados al sumario, existen “indicios racionales, fundados y sólidos” de la posible comisión de un delito.
En su declaración del 10 de septiembre, Gómez defendió que Álvarez se encargaba de su agenda y de acompañarla a actos oficiales, admitiendo que en ocasiones puntuales le hizo algún “favor”. También alegó que desconocía el procedimiento exacto de su nombramiento y que la eligió por su experiencia y amistad personal.
La defensa de Gómez sostiene que esas actuaciones no pueden considerarse malversación, al tratarse de gestos derivados de la relación laboral y de confianza.
Otros frentes judiciales abiertos
El caso se originó en abril de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias que acusaba a Gómez de aprovechar su vínculo con el presidente para recomendar a empresarios en concursos públicos. Desde entonces, se han abierto distintas ramas de investigación impulsadas también por querellas de Hazte Oír y Vox.
Además de la supuesta malversación vinculada a la contratación de Álvarez, Gómez afronta diligencias por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca en relación con su actividad académica en la Universidad Complutense y con empresarios vinculados a licitaciones.
Actualmente, la Audiencia Provincial de Madrid debe resolver ocho recursos presentados en torno a esta causa, seis de los cuales ya se encuentran en trámite y comenzarán a deliberarse en las próximas semanas.
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